El pasado Domingo, con motivo de la toma de posesión, el ahora presidente constitucional de la República Dominicana quiso hacer toda una declaración a través de un hecho simple pero muy significativo, seleccionar el vehículo que lo trasladaría desde su casa al Congreso Nacional para la imposición de la banda presidencial, nada menos que un flamante TESLA cuyo precio para ese modelo ronda los 100,000 dólares americanos.

La selección del vehículo no fue casual, formó parte de una clara estrategia comunicacional que pretendió transmitir varios mensajes, por una parte, la importancia del cambio de la matriz energética del país con una disminución del consumo de combustibles fósiles y, por otra, pero conectada con la primera, de cuido y preservación del medio ambiente. Sin duda, el hecho causó revuelo, uno seguramente diseñado cuidadosamente para transmitir un mensaje no solo internamente, sino internacionalmente para llegar hasta los oídos del propio Elon Musk, con quien el presidente rebotara posteriormente algunos tweets, invitándolo a participar como inversionista en el país.

Ahora bien, como dice el viejo refrán, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, pues la masificación de la movilidad eléctrica en el país seguramente no pasará por unos pocos modelos Tesla importados que se consiguen en algún “dealer” de un particular, y que, por su precio, solo algunos pocos con alto poder adquisitivo podrán pagar. Un verdadero cambio en el sector automotor, hoy afectado por la crisis económica derivada de la pandemia, pasa por una exhaustiva revisión de las políticas existentes, que hacen que un mercado sobresaturado, continúe llenándose de automóviles usados de distinto origen que ingresan al país sin cumplir muchas veces con las mínimas normas exigidas.

Lo cierto es que según el informe de 2019 sobre el parque vehicular elaborado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el 46.4% del parque vehicular nacional está compuesto por unidades fabricadas previas al año 2000, lo que quiere decir que la mitad de los automóviles que circulan en nuestras calles y avenidas tienen más de 20 años de uso, vehículos desvencijados y más contaminantes debido a que ya alcanzaron el límite de su vida útil, basta ver los afamados “conchos” para darse cuenta de la precariedad del transporte en el país.

Tan solo en 2018, las recaudaciones por impuestos a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) ascendieron en 5.3% respecto al mismo período del año anterior, lo que se debe principalmente al aumento del parque vehicular, pero también, significa que se han estado importando vehículos usados viejos, de mayor consumo y altas emisiones.

En el país el 20% de las emisiones de CO2 son producidas por el parque automotor, y si bien es cierto que la movilidad eléctrica podría contribuir a disminuir ese porcentaje, también es cierto que para que ello sea una realidad, el cambio dependerá de un proceso de sustitución gradual, pero de carácter masivo, lo que supone acercar al ciudadano común a la posibilidad de adquirir un vehículo eléctrico, ¿Cómo participará el sector formal distribuidor y representante de las marcas internacionales asentadas en el país en esto?, ¿Cuáles son las políticas que el nuevo gobierno piensa elaborar para tal fin?

Tal vez, antes de responder a esas preguntas el gobierno quiera revisar la realidad de un sector económico que lleva unos 9 años en picada, donde la sobreoferta de vehículos usados importados, muchos en condiciones “no óptimas”, han hundido a un sector formal que hoy no llega a vender sino unas 30 mil unidades al año, (cuando en países de la región, con un tercio de la población o menos, se venden hasta 100 mil vehículos nuevos en un año), mientras se perjudica en última instancia al consumidor, quien al adquirir estos vehículos usados, lo hace sin garantías, respaldo, acceso a repuestos o servicio técnico autorizado, parte de la costosa plataforma que los representantes de las marcas deben mantener.

Si esta es la realidad con los vehículos a combustión, no habrá mayor diferencia con los vehículos eléctricos, pues en el país no hay suficientes incentivos estatales para la compra de estos por parte del ciudadano común como ocurre en otros países, donde esta tecnología ya tiene varios años en uso.

Detrás del TESLA de Abinader (marca que no se comercializa formalmente en el país pues no posee representante local) hay un sector formal de la economía que está haciendo aguas frente a la competencia desleal, la falta de cumplimiento de normativas, la ausencia de incentivos y el peso de la crisis ocasionada por la pandemia. Bien valdría la pena empezar por el principio, estabilizar a este importante sector de la economía de cara a que pueda asumir la tarea de contribuir de forma eficiente, trabajando junto al Estado, en avanzar hacia la masificación de la movilidad eléctrica que pregona, para que más allá de aquellos afortunados que pueden manejar un Tesla (que cuesta lo mismo que un modesto apartamento de clase media), sean miles los que puedan sumarse a un cambio real y verdadero, no efectista sino efectivo, de la movilidad en República Dominicana.