Para Katharina Falkner, la acción climática no es una opción, sino una prioridad y un requisito para el desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe.

Con 30 años de carrera en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Katharina Falkner, se dedicó en un principio a funciones relacionadas al departamento de finanzas, y luego pasó a ser líder en la implementación de estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad, como representante del BID en la República Dominicana.

Como parte de su gestión, apuesta por la economía circular en el país, y hacia la transformación de los modelo de negocio para que sean más sostenibles y obtengan un crecimiento continuo a mediano plazo.

Destaca que, desde el Grupo BID, están comprometidos con el trabajo y la acción climática, dedicando más de 30 % de sus programas, que corresponde a 5 mil millones de dólares para este fin. Con respecto al presupuesto 2022-2023, prevén más de 200 procesos de adquisiciones, equivalentes a 400 millones de dólares.

En esta entrevista especial para Revista Factor de Éxito, Katharina Falkner, nos expone desde su experiencia los pasos necesarios para acelerar la revolución sostenible en América Latina y el Caribe, enfocado en la articulación público- privado- ciudadano para alcanzar la agenda 2030.

Tras su experiencia en nuestro país, ¿cómo considera que está evolucionando el compromiso con la sostenibilidad y la economía circular en las empresas dominicanas?

La economía circular es una gran oportunidad para República Dominicana. Los ecosistemas en Latinoamérica y el Caribe tienen muchas oportunidades de aprovecharse de las economías circulares, con solo el 4 % de sus residuos sólidos reciclados. Similar, a la República Dominicana, apenas el 2 % de la producción de reciclaje tiene un potencial enorme de beneficiarse de esta transformación y acercarse a países como Austria, que está valorizando casi el 100 % de sus residuos sólidos, y a su vez, multiplicando su potencial de crecimiento.

El tema es aún más urgente para la República Dominicana, ya que cuenta con más de 200 vertederos a cielo abierto y no dispone de lugares de disposición final adecuados para manejar la gran cantidad de desperdicios diarios que genera. Un estimado que supera por casi el 10 % del promedio de LAC. En este contexto, no sorprende que varias empresas dominicanas se están insertando en la economía circular.

Por ejemplo, hace 4 años, los industriales del país lanzaron el programa de “Innovación y Remanufactura en Residuos de Plásticos y Construcción”, una iniciativa que contó con el apoyo de nuestro laboratorio de innovación. De esta forma, extender la vida de sus productos y fortalecer los incentivos para el acopio de los residuos de plástico. Con éxito comprometió a 20 empresas en el establecimiento de la primera planta recicladora de grado alimenticio del país, que será ubicada en Santo Domingo, con capacidad de procesar más de diez mil toneladas por año.

De igual manera, a través de la ONG Nueva Vida para los Residuos (NUVI) se instalaron 137 puntos de acopio urbano en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Haina. En sus primeros dos años, se colectaron unos 64 mil kilos de botellas de PET, y a la fecha, este número ha subido a 112 mil kilos.

Hoy día, 20 empresas participan en el programa y conforman el primer sistema integrado de gestión de residuos del país. Para el 2025, se están proyectando más de 20 mil toneladas de plásticos PET recuperados, así como la puesta en marcha de otros sistemas de gestión de residuos, con beneficios importantes tanto para el ambiente como la para la economía. Lo anterior, permite ilustrar que la economía circular es un buen negocio con mucha perspectiva de fortalecerse en el futuro.

¿Cómo ha ido mediando el BID las relaciones para el incremento de la articulación público-privada?

La articulación público-privada se acelera al momento en que se encuentran soluciones ganar-ganar-ganar entre el gobierno, el sector privado y el ciudadano.

En este sentido, buscamos identificar modelos de negocios que atiendan los intereses de todos los involucrados por igual. Un buen ejemplo es el impulso a la movilidad sostenible, a través de transporte masivo con flotas eléctricas. Es un caso interesante porque, primero, tiene un rol clave en la recuperación económica, ya que más del 50 % de la población usa transporte público; y segundo, es parte de la solución a la crisis climática, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

En República Dominicana, se han estructurado dos proyectos. Uno, en el transporte turístico en la Zona Colonial de Santo Domingo, y otro para una ruta de pasajeros de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Los aspectos claves de estos proyectos han sido la cuidadosa identificación de las necesidades de todos los involucrados, una adecuada estructuración técnica y financiera que tome en cuenta criterios de calidad del servicio para la población, y la recuperación en el corto plazo del costo inicial de los buses eléctricos, a través de eficiencias operativas y menores costos de mantenimiento.

Otro ejemplo interesantísimo, es el proyecto “E-Delivery”. Este es un programa diseñado bajo el liderazgo de Nature Power Foundation. El programa comprende la transición a movilidad eléctrica de motocicletas de combustión utilizadas para los servicios de entrega a domicilio de colmados que operan en Santo Domingo. Hasta la fecha, este piloto avanza y ha excedido las expectativas, con más de 110 órdenes de compras y 60 motocicletas eléctricas ya en uso. Sus posibilidades de escalamiento son enormes tomando en cuenta que existen más de 60,000 colmados en el país.

Han realizado 20,000 procesos de adquisiciones y más de US$10 mil millones en desembolsos en América Latina y el Caribe por año, ¿cómo se traduce este monto para la República Dominicana, en términos del desarrollo económico y la instauración de un modelo verde?

Como Grupo BID, promovemos el uso de criterios de sostenibilidad tanto en las compras públicas, como en nuestros procesos de licitación. De los 20,000 procesos de adquisiciones financiados por el BID anualmente, entre 2,000 y 3,000 son para obras, bienes o consultorías. En el caso nuestro, la cartera de proyectos prevé, para los años 2022 y 2023, más de 200 procesos de adquisiciones equivalentes a 400 millones de dólares. Estos procesos representan una oportunidad para empresas, individuos o entidades interesadas en contribuir a proyectos de desarrollo en el país.

Por ejemplo, en los proyectos de infraestructura vial o del puerto de Manzanillo, promovemos en las licitaciones la incorporación de parámetros de sostenibilidad, como son la inclusión de la resiliencia climática para el diseño de las obras o la participación de las mujeres en la ejecución de las obras. También se contempla el uso de herramientas digitales para optimizar los procesos de priorización y gestión de los activos de infraestructura (carretera/puentes) que permiten el desarrollo de planes de mantenimiento para la sostenibilidad de estas. Esto incluye softwares de gestión de proyectos y de contratos; herramientas de supervisión remota con drones, para facilitar el relevamiento de datos, así como su procesamiento.

En el proyecto del desarrollo turístico de la Ciudad Colonial, se contempla la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte público y turístico – el primer proyecto de electromovilidad del país. Allí, el BID también está impulsando la adopción de estrategias arquitectónicas y estructurales que promuevan viviendas verdes y resilientes. Entre estas estrategias se encuentran medidas costo eficientes de protección solar, aislamiento térmico, ventilación e iluminación natural, entre otras. También se incluyen soluciones estructuralmente resilientes a riesgos de desastres naturales e impactos de cambio climático.

Adicionalmente, el BID está financiando la participación de varios funcionarios públicos en una capacitación impartida por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el tema de compras sostenibles. Se espera que esta iniciativa contribuya a incorporar la sostenibilidad como un tema central en las compras públicas del país.

Hay quienes afirman que la sostenibilidad es un esfuerzo mayor del sector privado ¿qué opina al respecto?

La sostenibilidad resulta ser un esfuerzo y también una oportunidad compartida. El estado está impulsando la sostenibilidad a través de políticas públicas, leyes, sistemas de incentivos y sanciones. El sector privado tiene que mirar hacia adelante y adecuarse a la demanda de mañana; una demanda que está evolucionando de manera acelerada e involucra cambios significativos en los patrones de consumo. Por igual, el ciudadano tiene que aprovechar la información disponible para cambiar sus hábitos hacia un futuro más sostenible.

Deben corregirse fallas del mercado para orientar y acelerar el desempeño del sector privado y su capacidad de inversión hacia la eficiencia y sostenibilidad. El sector energético es un buen ejemplo. Las energías renovables son más sostenibles en términos sociales, económicos, y ambientales, y acelerar la instalación de una capacidad de generación significativa, es decir, la inversión privada depende del marco reglamentario.

El compromiso es de todos. Por tanto, ¿Cuál entiende qué es el rol del ciudadano común en todo este proceso de la revolución de la sostenibilidad?

El rol del ciudadano es clave, a través de sus hábitos de consumo y sus exigencias. Puede y debe impulsar cambios. Primero, el ciudadano vota y elige su gobierno. Después el ciudadano compra, consume y bota o recicla. Aquí, el tema central es que el ciudadano del siglo XXI tiene acceso a un nivel de información que no existía hace 20 años. Y este acceso, se traduce en una responsabilidad cívica de cuidar el planeta, proteger nuestros recursos naturales y asegurar un mejor futuro para nuestros hijos.

¿Cuáles iniciativas público-privada tienen previsto realizar en los próximos años para el cumplimiento de los ODS en el país?  

Nuestro programa en el país anticipa intervenciones en los sectores de educación, salud, agua y saneamiento, energía, transporte, mercado laboral, y seguridad y la colaboración entre el sector público y privado es fundamental. Por ejemplo, en educación, un tema fundamental es la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, un desafío que requiere la articulación entre el sector público y privado. En saneamiento, un tema central es el manejo de los residuos sólidos que involucra participantes de ambos sectores. De forma similar, los sectores de energía y transporte requieren de una articulación pública – privada, ya que la generación de energía y muchos de los servicios de transporte están provistos por el sector privado.

¿Qué tan importante es para el BID RD involucrar a los gobiernos en que crean en el cambio climático y lo combatan?

En un estudio reciente, calculamos que se requiere entre 500 mil millones y 1,3 billones anuales para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Destaco que, desde el Grupo BID estamos comprometidos con el trabajo y la acción climática, dedicando más de 30 % de nuestro programa o 5 mil millones de dólares a este fin.

El compromiso de los gobiernos es clave: a través de su presupuesto nacional, de sus gastos y sus inversiones, sus licitaciones y contratos, y a través de las reglas del mercado articulan la dirección y velocidad hacia una economía más sostenible y resiliente. Y en este sentido, estamos muy contentos de poder colaborar con la República Dominicana en el diseño de un programa de acción climática para el crecimiento sostenido del país.